La Ley 9/2018 ha llevado a cabo numerosas modificaciones en la regulación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que no se reducen a las necesarias para completar la trans-posición a nuestro Derecho de la Directiva 2014/52/UE; en este análisis se da cuenta de las más relevantes.La Ley 9/2018, de 5 de diciembre1, se dicta con la finalidad fundamental de modificar la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (LEA), con el fin de completar la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modificó la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos (Directiva 2011/92/UE). Y decimos «completar» la transposición porque muchos de los principios, objetivos y mandatos de la directiva del 2014 ya se habían incorporado cuando se aprobó la Ley de Evaluación Ambiental, dado que las tramitaciones de esta ley y de la directiva fueron prácticamente simultáneas y se conocían las novedades de ésta.